MéxicoLa parálisis del INAI de México o cómo borrar sin eliminar
Hace más de 2 meses que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de México está paralizado por la falta de acuerdos para cubrir las vacantes que necesita para sesionar.
“El INAI es un cero a la izquierda”, llegó a decir el presidente Andrés Manuel López Obrador, que desde el principio de su gobierno viene planteando que el instituto debería desaparecer como ente autónomo y sus funciones, transferidas a otros organismos que funcionan bajo la órbita del Poder Ejecutivo. “No ha ayudado a combatir la corrupción”, es un “aparato burocrático al servicio de gestiones anteriores” y, para peor, “sale caro”.
Los números que cierran la puerta y también la ventana
AMLO no puede eliminar el INAI. Para eso necesitaría una reforma constitucional y el apoyo de algunos votos de la oposición que no va a conseguir, aunque alcanza con bloquear la designación de sus comisionados para dejarlo en un limbo. Además, la mayoría calificada de dos tercios de los miembros presentes que se precisa para tocar la Constitución Política del Estado, también aplica para nombrar a los comisionados del INAI.
Recordemos que la dirección del INAI está a cargo de una comisión integrada por 7 miembros, pero puede sesionar con un mínimo 5. Así venía haciéndolo desde 2022, hasta que el 1° de abril de 2023 concluyó el mandato de Francisco Javier Acuña. En síntesis, quedó con solo 4 miembros activos. La llave para destrabar esta situación está en manos del Senado, que es el encargado de proponer y nombrar a los comisionados, y del presidente de la República, que debe refrendarlos.
Lo que se pudo ver hasta ahora es que hay malestar de un lado y otro del mostrador. Las dificultades para avanzar en el proceso no solo revelan la dinámica entre el oficialismo y la oposición, sino también los hilos del juego político de algunos personajes de la escena local. En definitiva no se trata solo de ocupar una vacante, sino también de los candidatos, de su idoneidad, independencia y respaldo. Otro recordatorio amistoso: los comisionados duran en su cargo 7 años.
Cerca, pero no tanto
El 1° de marzo el Senado aprobó las nominaciones de Ana Yadira Alarcón y Rafael Luna Alviso. Aún cuando se logró superar el umbral de la mayoría calificada, más de un senador se mostró poco convencido. En especial por Luna que tenía el aval del jefe de la bancada de MORENA pero terminó anteúltimo en el listado de 48 candidatos. De hecho, el PES y el PT, ambos grupos parlamentarios alineados con el oficialismo, no se sumaron al acuerdo.
A la larga, los dos nombres terminaron siendo objetados por el presidente poco después porque no estaban entre los que tenían mejor puntaje. Desde entonces, no hubo muchos avances. La candidatura de Ricardo Salgado Perrilliat ni siquiera llegó a ser votada, naufragó en la última sesión ordinaria del Senado entre acusaciones cruzadas que también revelaron que en las filas oficialistas algunos no se sienten del todo cómodos con esta situación.
Para coronar, una jueza federal le ordenó a la Junta Política del Senado que defina a los candidatos para ocupar al menos una de las vacantes y que convoque a sesiones extraordinarias. Este último punto no es menor. El 30 de abril terminaron las sesiones ordinarias del Congreso de la Unión y el nuevo año legislativo recién arranca el 1° de septiembre. Hasta entonces, no habrá nombramiento sin llamado a sesiones extraordinarias y eso depende de la Comisión Permanente donde el oficialismo tiene poder de veto. Por el momento, no ha habido muestras de voluntad política de que eso vaya a suceder.
Esta historia me suena
Sí, algo demasiado parecido para ser coincidencia ocurrió el año pasado con la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), otro órgano autónomo de México defenestrado por el gobierno. En este caso, terminó interviniendo la justicia que en diciembre intimó al presidente a nombrar a los comisionados de la Comisión y restablecer su funcionamiento. Así se terminó destrabando la cuestión.
Tampoco es una situación inédita a nivel regional. Basta como muestra la situación del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) de El Salvador donde se minó la autonomía del órgano al designar a comisionados afines al oficialismo y destituir a los no alineados.
Qué (no) pasa cuando el INAI (no) funciona
AMLO sostiene que el INAI ha sido, cuanto menos, inocuo como contrapeso institucional y en la lucha contra la corrupción. Sabemos que la palabra de un presidente tiene más amplificación que la de otros dirigentes políticos, por eso queremos contarte qué es lo que no sucede cuando el órgano garante de la transparencia no funciona.
– Si la sociedad fuera dejada al margen de asuntos de interés público, no habría una institución que se asegure de que eso no siga ocurriendo. En 2021, fue el INAI el que puso a disposición de la sociedad información pública sobre intervenciones de comunicaciones privadas y el uso del software Pegasus.
– Si un organismo público se negara a proporcionar información, las personas, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil no tendrían adónde recurrir. Es más, la Corte Suprema de Justicia ratificó esta competencia del Instituto para resolver recursos de revisión, incluso cuando se trata de entes autónomos. Eso pasó luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se negara a responder a una solicitud sobre el hallazgo de fosas clandestinas en Tamaulipas en 2010.
– Si una norma vulnerara el acceso a la información o la protección de datos personales, el órgano garante no podría llevar el caso a la justicia. En 2022, fue el INAI el que logró que se suspenda un decreto que ponía en riesgo los datos biométricos de los usuarios de telefonía móvil.
– Si un funcionario no cumpliera con las resoluciones en materia de transparencia y protección de datos, el órgano garante no podría imponer sanciones. En 2022, fue el INAI el que aplicó sanciones al presidente de la República por hacer públicos datos personales de un periodista en una de sus mañaneras.
– Si se clasificara información de interés público, el órgano garante no podría recurrir a la justicia o establecer lineamientos que limiten el principio de reserva. En 2022, fue el INAI el que logró que se suspenda por orden judicial un decreto presidencial que habría permitido que se clasificara información sobre proyectos y obras públicas del gobierno federal en áreas estratégicas. Pese al revés judicial, posteriormente AMLO declaró de interés público las obras de infraestructura del Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y las de diferentes aeropuertos.
Esta situación se trata, en definitiva, de garantizar el ejercicio de un derecho reconocido por la Constitución Política del Estado, que además es instrumental para el ejercicio de otros derechos y acciones, en particular la libertad de prensa, de asociación y la participación ciudadana.